Pais: España

Fecha: 20 de Junio del 2022

Pérdida de superficie agrícola: un riesgo más de inseguridad en la disponibilidad de alimentos. Por Fundación Triptolemos, España

La actividad agraria y pesquera tiene varias utilidades, pero son los “suministradores exclusivos” del origen de la energía alimentaria que se necesita para alimentarnos y esta exclusividad genera una responsabilidad:

    Por un lado, los derechos humanos son inherentes e indivisibles. Pero uno de ellos, el derecho a la vida es el derecho supremo porque condiciona el ejercicio de todos los demás. Por esta razón el derecho a la alimentación es un derecho fundamental.

    Por otro, la humanidad vive en el planeta Tierra con un grave riesgo focalizado en el cambio climático, para mantener el entorno y la sostenibilidad adecuada a la vida humana.

Combinar ambos objetivos debe ser uno de los trabajos del buen gobierno, habida cuenta de que hoy existe hambre endémica y los efectos del cambio climático son ya evidentes. Teniendo en cuenta el concepto de «suministrador exclusivo» de la energía alimentaria, la pérdida paulatina de superficie agrícola, la merma de las “tierras de labranza”, constituye uno más de los elementos que influye significativamente en el grave riesgo para la seguridad y disponibilidad de alimentos a corto y medio plazo.

En este contexto, subrayaremos que, según la FAO, la superficie de tierras de cultivo per cápita a nivel mundial disminuyó de forma constante en el período comprendido entre 1961 y 2016: pasando de unas 0,45 hectáreas per cápita en 1961 a 0,21 hectáreas per cápita en 2016, teniendo en cuenta que el número de personas en el mundo se duplicó con creces entre esos dos años, por lo que hubo (y seguirá habiendo) una mayor demanda de alimentos que aumenta exponencialmente y que por el momento la “revolución verde” compensó.

 Una cuestión preocupante en Europa

Se trata también de una cuestión preocupante en Europa: en 2017 la Comisión publicó una “Comunicación interpretativa de la Comisión sobre la adquisición de tierras agrícolas y el Derecho de la Unión Europea”[1] en la que se declaraba que las tierras agrícolas eran un bien escaso y especial, y no excluía se someterlas a un régimen regulatorio con determinadas condiciones y restricciones.

Tras recordar que las legislaciones nacionales sobre el suelo, que existen en diversos Estados miembros de la UE, persiguen diferentes objetivos, desde mantener el uso agrícola de las tierras de labor hasta frenar la concentración de tierras, la Comisión insistía en que «algunos de los motivos de preocupación que subyacen a estas legislaciones, en particular la concentración de las tierras y la especulación, han adquirido recientemente mayor preponderancia en la agenda política».

Especialmente interesante resulta el epígrafe nº3 de dicha Comunicación, “El planteamiento del TJUE respecto de las tierras agrícolas”, en el que se enumeran los objetivos de la política agrícola que pueden justificar restricciones de las libertades fundamentales de la Unión.

Cabe añadir que, el Parlamento Europeo (PE), también en 2017, se interesó especialmente, en una “Resolución sobre la situación con respecto a la concentración de tierras agrícolas en la UE”, en el modo de facilitar el acceso de los agricultores a la tierra[2], y ya había señalado que «el suelo es, por una parte, una propiedad y, por otra parte, un bien público, y está sujeto a una obligación social».

El PE reconoció «la importancia de las explotaciones familiares con estructuras pequeñas, ya que desempeñan un papel activo en el tejido económico de las zonas rurales, preservando el patrimonio cultural y manteniendo la vida rural, sosteniendo la vida social y utilizando los recursos naturales de forma sostenible, además de producir una cantidad suficiente de alimentos saludables y de alta calidad y garantizar una amplia distribución de la propiedad de las tierras en esas zonas»; además, el Parlamento manifestó compartir «la conclusión de la Comisión de que el suelo es un recurso finito que ya sufre los efectos del cambio climático, la erosión y la sobreexplotación o el cambio de uso, y, por tanto, apoya las medidas medioambientales y sociales para la protección del suelo, a la vez que insiste en que se trata de un ámbito de competencia exclusiva de los Estados miembros».

Finalmente, el PE solicitó inter alia «una protección específica de las tierras agrícolas para que los Estados miembros puedan regular la venta, el uso y el arrendamiento de terrenos agrícolas, en coordinación con las autoridades locales y las organizaciones de agricultores, a fin de garantizar la seguridad alimentaria con arreglo a los Tratados de la Unión y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la tenencia de la tierra y el acceso a esta, así como las cuatro libertades fundamentales de la Unión y el interés público».

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