Pais: Argentina

Fecha: 02 de Junio del 2020

Declaración de rectores, rectoras y académicos de la UDUAL, Latinoamérica por UNQ, Argentina

Nosotros, rectores, rectoras y académicos de universidades de América Latina y el Caribe, convocados al Encuentro Universitario Ministerial de la CELAC, e invitados por la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), frente a la crisis sanitaria, económica y social desatada por la pandemia de COVID-19, manifestamos lo siguiente:

La propagación del virus SARS-CoV-2 ha provocado una crisis sanitaria, económica y, sobre todo, humanitaria de inmensas proporciones que abarca a todo el planeta. Las estimaciones mencionan a mediados de mayo de 2020 más de 5.3 millones de casos confirmados de COVID-19 y una cifra superior a 342 mil muertes en el mundo entero. Además, estas estimaciones coinciden en que el desempleo afectará a muchos millones de personas y, en consecuencia, la pobreza aumentará considerablemente. En este escenario, se intensificarán las tensiones nacionales, regionales e internacionales.
La crisis sanitaria, económica y humanitaria no podrá ser resuelta con propuestas aisladas. En cada país se requerirán esfuerzos integrales y colectivos, con participación de todos los sectores, tanto públicos como privados. En la dimensión regional e internacional, con una economía muy entrelazada no se podrá salir adelante sin la cooperación entre los Estados y el fortalecimiento de órganos multilaterales como las Naciones Unidas.

En la sociedad global, cada país constituye un eslabón de muchas cadenas de procesos esenciales para todas las naciones: en la seguridad alimentaria, la preservación del medio ambiente, el aseguramiento de la salud pública, y muchos otros aspectos. Debido al intenso intercambio de personas, bienes y servicios, lo que sucede en un país afecta necesariamente a sus vecinos; del mismo modo las decisiones que un gobierno adopte tendrán repercusiones sobre la salud, la economía y la vida de las personas dentro y fuera de sus fronteras.

Esta compleja interconexión de países, economías y pueblos, revela que es la hora de combinar la responsabilidad, la solidaridad y la cooperación entre los países de la región latinoamericana y caribeña; reconociendo, a decir verdad, que se trata de un reto que involucra a la humanidad entera.

Es también la hora de la compasión, de identificarnos con el sufrimiento ajeno; es la hora de la generosidad, de superar “el laberinto de la soledad” que sume a nuestros pueblos en el aislamiento; es la hora de promover soluciones conjuntas y consensuadas que permitan avanzar en soluciones a la actual crisis y conducirnos a una mejor vida para todas nuestras naciones y sus habitantes.

Con el fin de hacerle frente a esta pandemia e interrumpir la cadena de contagios, muchos países del mundo han instado a sus poblaciones a quedarse en casa. Esta es una decisión difícil, considerando que la informalidad es una característica sobresaliente de nuestras economías y que, por ello, las personas deben salir a la calle a ganarse el sustento cotidiano.

La pandemia está alterando sustancialmente la manera en la que vivimos y afectará nuestra manera de vivir en el futuro inmediato. Nuestra única defensa frente a la expansión del Covid 19 ha sido el confinamiento. Buena parte de los gobiernos de los países decidieron que sus poblaciones se mantuvieran en sus casas, como medida de protección frente a la brutalidad expansiva del virus, pero también porque los sistemas de salud pública habían sido prácticamente desmantelados por gobiernos que instrumentaron reformas de mercado, fueron privatizados o simplemente nunca fueron desarrollados. Muy pocos casos en América Latina y el Caribe se salvan de este estado de cosas.

El estallido de la infección mostró, salvo contadas excepciones, que los años de globalización quebraron la capacidad de respuesta estatal en materia de salud ante desafíos epidemiológicos, o de cualquier otra naturaleza. La decisión de que lo privado debía privilegiarse frente a lo público ha costado miles de vidas y costará millones de puestos de trabajo perdidos, con los evidentes impactos en el bienestar social.

Sabemos que hay ya un colapso económico significativo, que se propagará por varios meses y que reducirá la producción mundial, y de cada uno de los países. La disminución neta de las actividades productivas provocará desempleo masivo, que a su vez disminuirá la demanda, lo que se convertirá en una espiral recesiva que no se revertirá fácilmente.

La prioridad indudable en estos momentos es reforzar los diezmados sistemas de salud públicos, protegiéndolos presupuestalmente. En todos los países tenemos que acordar que la responsabilidad con la salud pública no puede privatizarse. La pandemia muestra que es indispensable reforzar sustancialmente la capacidad de atención de nuestros sistemas públicos de salud.

Muestra que, además, el modelo de formación de profesionales médicos en la región tiene que adecuarse a requerimientos fundamentales de la salud pública. La Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Medicina, la ALAFEM, ya está ocupándose de ello.

Una segunda prioridad es la de promover el desarrollo tecnológico y científico, así como la innovación, en América Latina y el Caribe, que garantice su autosuficiencia sanitaria. El acceso universal y la producción latinoamericana y caribeña de equipo médico, vacunas y tratamientos, para combatir ésta y otras enfermedades resulta indispensable para mantener la seguridad y el bienestar regional. Por ello celebramos la resolución 74/274 “Cooperación Internacional para asegurar el acceso global a medicinas, vacunas y equipo médico para enfrentar la pandemia del Covid-19” de la Asamblea General de las Naciones Unidas presentada por México y copatrocinada por 179, incluyendo a la gran mayoría de los países de la CELAC.

Una tercera prioridad es que los estados nacionales latinoamericanos instrumenten, de inmediato, medidas para proteger a la parte de la población que está siendo golpeada duramente por la crisis y que no tiene la posibilidad de defenderse por sí misma. Además de los programas que hasta este momento se han empezado a aplicar, parece necesario ampliar la escala de intervención aprovechando formulaciones que permitan paliar, de manera inmediata, los severos impactos que ya está enfrentando la población más vulnerable: las familias que reciben remesas de nuestros migrantes han visto que el flujo se interrumpió abruptamente; los millones de informales con los que cotidianamente nos relacionábamos, han visto que sus posibilidades de subsistencia precaria se han detenido; decenas de millones de trabajadores del sector formal de la economía han visto interrumpidos sus trabajos ante las restricciones sanitarias impuestas por los gobiernos; millones de trabajadores por su cuenta que, del mismo modo, hoy carecen de ingresos. Este enorme conjunto solo puede ser atendido a través de programas de entrega directa de ingresos, por lo menos durante tres meses, mediante programas focalizados o un ingreso garantizado dirigido a la población vulnerable.

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